Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de una profesional de la educación de la Corporación Municipal de San Miguel, que temía perder el bono de la ley N° 20.305 por demoras en la tramitación de un incentivo al retiro de la ley N° 20.501. El organismo constató, a partir del finiquito, que la funcionaria cesó en sus funciones el 30 de noviembre de 2011 por retiro voluntario, dentro del plazo de 12 meses desde que cumplió 60 años que exige el artículo 2° N° 5 de la ley N° 20.305. Por ello concluyó que el reclamo se encontraba superado, sin perjuicio de que, para acceder al bono, la interesada debe cumplir los demás requisitos copulativos de dicha ley.