Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de la asignación profesional del artículo 36 del decreto ley N° 3.551, de 1980, reclamada por un funcionario que ocupa un cargo técnico y no posee título profesional. El organismo concluyó que, pese a que el funcionario gozaba de la asignación por aplicación de la norma de protección del artículo 3° del decreto ley N° 2.056, no cumplía el requisito de servir en el estamento de profesionales o técnicos universitarios, por lo que no correspondía el pago del 90%. Conforme al texto, el beneficio correspondía solo en un 50%, por tratarse de un empleado no profesional ubicado entre los grados 21 y 5. Asimismo, descartó la aplicación del artículo 73, inciso segundo, de la ley N° 18.827, pues el pago se había iniciado erróneamente en 1999. En consecuencia, declaró ajustado a derecho el cobro efectuado por el organismo.