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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Cochamó, relacionado con la solicitud de una base de datos sobre permisos de circulación cancelados, cuyo origen anterior correspondiera a la comuna de Pichilemu, para el período comprendido entre 2015 y noviembre de 2024. La decisión se fundó en que el órgano reclamado accedió a entregar la información, pero no consta que la entrega se haya efectuado efectivamente al solicitante. En consecuencia, se ordena al órgano acreditar la entrega efectiva de la información ante el Consejo, con los medios probatorios correspondientes. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde su notificación.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 19.628
  • Ley N° 18.575
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si un órgano de la Administración del Estado accede a entregar información pedida por transparencia, pero no prueba que la entregó efectivamente?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo porque, aunque la Municipalidad de Cochamó aceptó entregar la información, no consta que la entrega se haya hecho al solicitante. Por eso ordenó al órgano acreditar la entrega efectiva con los medios probatorios correspondientes.

¿Contra una resolución del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo, cuál es el plazo para presentar un reclamo de ilegalidad?

En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación de la resolución.

¿Puede un municipio ser obligado a entregar bases de datos sobre permisos de circulación al amparo de la Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia conoció un amparo por la solicitud de una base de datos sobre permisos de circulación cancelados, para el período 2015 a noviembre de 2024, y resolvió que el órgano debe acreditar la entrega efectiva de la información solicitada.

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