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El Consejo para la Transparencia conoció un amparo deducido por una ciudadana en contra…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un amparo deducido por una ciudadana en contra de la Municipalidad de San Antonio, que solicitó una base de datos sobre permisos de circulación cancelados cuyo origen anterior fuera la comuna de Pichilemu, en el período comprendido entre 2015 y noviembre de 2024. El órgano reclamado sostuvo que había entregado toda la información que obraba en su poder sobre lo consultado. El Consejo estimó que no procede exigir a un órgano antecedentes que no obran en su poder ni la entrega de información inexistente, y que la municipalidad respondió el parámetro consultado conforme a los antecedentes disponibles. En consecuencia, resolvió por unanimidad rechazar el amparo. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de 15 días corridos desde la notificación.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Oficio Ord. N° 892
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Está obligado un municipio a entregar información que no tiene en su poder en una solicitud de transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que no procede exigir a un órgano antecedentes que no obran en su poder ni la entrega de información inexistente, por lo que rechazó el amparo contra la Municipalidad de San Antonio.

¿Qué pasa si un organismo público dice que ya entregó toda la información disponible sobre una solicitud de acceso?

En este caso, el órgano reclamado sostuvo que había entregado toda la información que obraba en su poder, y el Consejo consideró que respondió el parámetro consultado conforme a los antecedentes disponibles, rechazando el amparo.

¿Cuál es el plazo para reclamar de ilegalidad contra una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?

En este caso, el Consejo indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de 15 días corridos desde la notificación de la resolución.

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