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La Superintendencia de Seguridad Social respondió a una consulta de una municipalidad s…

Dictamen · Superintendencia de Seguridad Social · 2017

Resumen

La Superintendencia de Seguridad Social respondió a una consulta de una municipalidad sobre la posibilidad de contratar, con excedentes del Servicio de Bienestar de un servicio de atención primaria de salud, un seguro complementario de salud para sus afiliados. El organismo concluyó que las municipalidades no están comprendidas en las normas legales que sujetan los servicios de bienestar a su fiscalización, ni les resulta aplicable el reglamento general de servicios de bienestar que fiscaliza esa Superintendencia. Señaló que los servicios de bienestar municipales se rigen por la Ley N° 19.754 y, conforme a su artículo 12, quedan sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, sin que la Ley N° 20.647 haya modificado esa regla. Por ello, remitió el expediente a la Contraloría General de la República para que emita el informe correspondiente.

Normas citadas

  • Ley 11.764, artículo 134
  • Ley 16.395
  • ley 18.695
  • Ley 19.754
  • ley 19.754, artículo 12
  • Ley 20.647
Municipalidades

Preguntas frecuentes

¿La Superintendencia de Seguridad Social fiscaliza los servicios de bienestar municipales?

En este caso, la Superintendencia concluyó que las municipalidades no están comprendidas en las normas que sujetan los servicios de bienestar a su fiscalización, ni les resulta aplicable el reglamento general que fiscaliza esa Superintendencia.

¿Qué normativa rige los servicios de bienestar de las municipalidades?

En este caso, la Superintendencia señaló que los servicios de bienestar municipales se rigen por la Ley N° 19.754 y, conforme a su artículo 12, quedan sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

¿La Ley N° 20.647 modificó la fiscalización de los servicios de bienestar municipales?

En este caso, la Superintendencia indicó que la Ley N° 20.647 no modificó la regla según la cual los servicios de bienestar municipales quedan sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

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