Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la facultad de la autoridad administrativa para aplicar sanciones disciplinarias a funcionarios por ausencias o atrasos reiterados o consecutivos sin causa justificada. Aunque la ley asigna la destitución para estos casos, el dictamen concluye que, si concurre una circunstancia que justifique las ausencias o atrasos, la autoridad puede no aplicar la destitución y, según la naturaleza y entidad de la justificación, absolver o imponer una medida de menor cuantía. Asimismo, debe ponderar las circunstancias que puedan modificar la responsabilidad, como eximentes o atenuantes, para respetar la proporcionalidad entre la infracción y la sanción. En consecuencia, reconsideró los dictámenes N° 18.372, de 2014; N° 48.629, de 2015, y N° 24.576, de 2016, por haber aplicado de forma parcial o inexacta el criterio del dictamen N° 34.609, de 2005, que pasa a ser el criterio aplicable en estos procesos disciplinarios.