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La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cumplimiento de un dictame…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cumplimiento de un dictamen previo relativo a la invalidación de un permiso de circulación otorgado por la Municipalidad de Renca. El municipio había dejado sin efecto el permiso del año 2009 porque el contribuyente no acreditó el pago del permiso del año 2008, pero no acompañó antecedentes que demostraran la emisión de un acto invalidatorio ni que se hubiera concedido la audiencia previa exigida por el artículo 53 de la ley N° 19.880. El órgano de control recordó que la invalidación debe resolverse por la misma autoridad mediante nuevo acto y que el plazo de dos años es aplicable. Concluyó que no consta que se haya observado el procedimiento legal, por lo que ordenó a la municipalidad cumplir estrictamente la normativa y informar dentro de 15 días desde la recepción del oficio.

Normas citadas

  • ley 19880 art/53 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿La municipalidad puede invalidar un permiso de circulación sin dar audiencia previa al contribuyente?

No. En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no consta que se haya observado el procedimiento legal, pues el municipio no acreditó la audiencia previa exigida por el artículo 53 de la ley N° 19.880 antes de dejar sin efecto el permiso.

¿Qué requisitos debe cumplir la invalidación de un acto administrativo municipal según la ley 19.880?

En este caso, la Contraloría recordó que la invalidación debe resolverse por la misma autoridad mediante un nuevo acto, que se aplica el plazo de dos años y que debe concederse audiencia previa al interesado, conforme al artículo 53 de la ley N° 19.880.

¿Qué debe hacer una municipalidad que no cumplió el procedimiento de invalidación al cumplir un dictamen de la Contraloría?

En este caso, el órgano de control ordenó a la Municipalidad de Renca cumplir estrictamente la normativa y informar dentro de 15 días desde la recepción del oficio sobre las medidas adoptadas.

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