El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por el imputado en un proceso penal por delitos de abuso sexual y violación, que cuestionaba la frase del artículo 277 del Código Procesal Penal que limita la apelación del auto de apertura del juicio oral solo al Ministerio Público. El requirente sostenía que dicha limitación afectaba sus derechos. El Tribunal estimó que la norma impugnada no produce resultados contrarios a la Constitución, pues la restricción no vulnera derechos fundamentales del imputado. Además, concluyó que acoger la pretensión implicaría que el juez constitucional se pronunciara sobre materias de competencia exclusiva del juez del fondo, lo que excede sus atribuciones conforme al artículo 93 N°6 de la Constitución.
Normas citadas
Artículo 277, Código Procesal Penal
Artículo 93 N°6, Constitución Política de la República
apelaciónauto de aperturajuicio oralministerio públicoexclusión de pruebasinaplicabilidadinconstitucionalidadderechos del imputado
Preguntas frecuentes
¿Puede el imputado apelar el auto de apertura del juicio oral en el proceso penal chileno si la ley solo lo permite al Ministerio Público?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y estimó que la limitación del artículo 277 del Código Procesal Penal, que restringe la apelación del auto de apertura del juicio oral al Ministerio Público, no vulnera derechos fundamentales del imputado.
¿Puede el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre si una norma procesal penal fue bien aplicada en un caso concreto?
En este caso, el Tribunal sostuvo que acoger la pretensión implicaría pronunciarse sobre materias de competencia exclusiva del juez del fondo, lo que excede sus atribuciones conforme al artículo 93 N°6 de la Constitución.
¿Es inconstitucional que el auto de apertura del juicio oral sea apelable solo por el Ministerio Público?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la norma impugnada no produce resultados contrarios a la Constitución, por lo que no la declaró inaplicable en el proceso penal por delitos sexuales.
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