El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por u…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por un trabajador contra el artículo 277 del Código Procesal Penal, que permite solo al Ministerio Público apelar el auto de apertura del juicio oral cuando se excluyen pruebas. El requirente argumentaba que la norma vulneraba derechos fundamentales al impedirle impugnar la exclusión de pruebas. El Tribunal consideró que la limitación responde a una política legislativa válida y no produce resultados contrarios a la Constitución, ya que el acusado mantiene otras vías de impugnación, como el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva. La decisión se adoptó por empate de votos, por lo que no se obtuvo la mayoría necesaria para declarar la inaplicabilidad. Se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas al requirente por haber tenido motivo plausible para litigar.
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Preguntas frecuentes
¿Puede el acusado apelar la exclusión de pruebas en el auto de apertura del juicio oral en Chile?
Según este fallo, el artículo 277 inciso segundo del Código Procesal Penal permite apelar esa exclusión solo al Ministerio Público, y el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento que pedía declarar su inaplicabilidad. El acusado conserva otras vías de impugnación, como el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva.
¿Es constitucional que solo el Ministerio Público pueda impugnar la exclusión de pruebas en el auto de apertura del juicio oral?
En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que la limitación responde a una política legislativa válida y no produce resultados contrarios a la Constitución. La decisión se adoptó por empate de votos, por lo que no se alcanzó la mayoría necesaria para declarar la inaplicabilidad.
¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional empata al resolver un requerimiento de inaplicabilidad?
En este caso, el empate impidió obtener la mayoría necesaria para declarar la inaplicabilidad, por lo que el requerimiento fue rechazado. Además, se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas al requirente por haber tenido motivo plausible para litigar.
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