El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad deducido por el…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad deducido por el imputado contra la frase del artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal, que limita la apelación del auto de apertura del juicio oral al Ministerio Público cuando se trata de exclusión de pruebas. El requirente sostenía que dicha limitación afectaba garantías constitucionales. El Tribunal rechazó el requerimiento, estimando que la norma no produce resultados contrarios a la Constitución y que no existe vulneración de derechos fundamentales, pues la limitación responde a criterios de política legislativa válidos. Agregó que el sistema permite otros mecanismos de impugnación, como el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva, y que resolver lo contrario implicaría pronunciarse sobre materias propias del juez del fondo, ajenas a sus atribuciones.
Artículo 93 N°6, Constitución Política de la República
Artículo 19 N°3, Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Puede el imputado apelar el auto de apertura del juicio oral cuando el juez excluye pruebas?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal, que limita esa apelación al Ministerio Público cuando se trata de exclusión de pruebas, no es contrario a la Constitución. Estimó que la limitación responde a criterios válidos de política legislativa.
¿Es constitucional que solo el Ministerio Público pueda apelar la exclusión de pruebas en el auto de apertura del juicio oral?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y concluyó que la norma no vulnera derechos fundamentales. Agregó que el sistema contempla otros mecanismos de impugnación, como el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva.
¿Qué recurso tiene el imputado para impugnar la exclusión de pruebas si no puede apelar el auto de apertura?
En este caso, el Tribunal Constitucional indicó que el imputado puede recurrir de nulidad contra la sentencia definitiva. Por ello, descartó que la limitación deje al requirente sin vías de impugnación.
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