El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido contra la frase del artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal, que limita al Ministerio Público la posibilidad de apelar el auto de apertura del juicio oral en lo relativo a la exclusión de pruebas. El requirente alegaba que esta restricción vulneraba la igualdad ante la ley y el derecho a defensa. El Tribunal concluyó que la norma responde a una política legislativa válida, que distingue entre la apelación de la exclusión de prueba y el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva, disponible para ambas partes, y que no se configura discriminación arbitraria ni estatutos privilegiados. Además, precisó que en el caso concreto no hubo exclusión de prueba sino denegación de una solicitud de exclusión, hipótesis no contemplada por la norma impugnada, por lo que no se acreditaron las infracciones constitucionales alegadas.
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Preguntas frecuentes
¿El Ministerio Público puede apelar la exclusión de pruebas decretada en el auto de apertura del juicio oral en el proceso penal chileno?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la norma del artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal limita al Ministerio Público esa apelación, distinguiéndola del recurso de nulidad contra la sentencia definitiva, que está disponible para ambas partes.
¿La limitación del recurso de apelación al Ministerio Público contra la exclusión de pruebas vulnera la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la restricción responde a una política legislativa válida y que no configura discriminación arbitraria ni estatutos privilegiados, por lo que rechazó el requerimiento de inaplicabilidad.
¿Se aplica la restricción de apelación del artículo 277 del Código Procesal Penal cuando el juez deniega una solicitud de exclusión de prueba?
En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que no hubo exclusión de prueba sino denegación de una solicitud de exclusión, hipótesis que la norma impugnada no contempla, por lo que no se acreditaron las infracciones constitucionales alegadas.
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