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El Tribunal Constitucional conoció de un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto p…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció de un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por el requirente contra la frase del artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal que limita la apelación del auto de apertura del juicio oral al Ministerio Público cuando se trate de exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía. El requirente sostenía que esta limitación era contraria a la Constitución, por privar al imputado de apelar una resolución que incide en la prueba y en todo el juicio oral. El Tribunal se dividió en sus votos y se produjo un empate, lo que impidió reunir la mayoría exigida por el artículo 93, inciso primero, numeral 6°, de la Constitución para declarar la inaplicabilidad. En consecuencia, el requerimiento fue rechazado, se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas al requirente por haber tenido motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • Artículo 277, inciso segundo, Código Procesal Penal
  • Artículo 362, Código Penal (violación impropia)
  • Artículo 366 bis, Código Penal (abuso sexual impropio)
  • Artículo 366 quáter, Código Penal (corrupción de menores)
  • Artículo 93, inciso primero, numeral 6°, Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes

¿Puede el imputado apelar el auto de apertura del juicio oral cuando el juez de garantía excluye pruebas?

En este caso, el Tribunal Constitucional conoció un requerimiento que sostenía que la limitación del artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal, que solo permite al Ministerio Público apelar esa exclusión, era contraria a la Constitución. El Tribunal se dividió en empate, por lo que no se alcanzó la mayoría para declarar la inaplicabilidad y el requerimiento fue rechazado.

¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional se empata al resolver un requerimiento de inaplicabilidad?

En este caso, el empate en las votaciones impidió reunir la mayoría exigida por el artículo 93, inciso primero, numeral 6°, de la Constitución para declarar la inaplicabilidad. Como consecuencia, el requerimiento fue rechazado y se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento.

¿Se condena en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado?

En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas al requirente, porque tuvo motivo plausible para litigar. El requerimiento fue rechazado por empate y no por una resolución que declarara temeraria la pretensión.

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