Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la compraventa de un inmueble fiscal que el Ministerio de Bienes Nacionales debía formalizar mediante escritura pública, tras un decreto autorizatorio que no se había cumplido. El organismo recordó que la autoridad administrativa tiene atribuciones para determinar la oportunidad y conveniencia de enajenar bienes del Estado, conforme al decreto ley N° 1.939, de 1977, y su jurisprudencia. Constató que la empresa beneficiaria actuó con diligencia y buena fe, mientras que la Administración reconoció el incumplimiento de su deber de elaborar la escritura y manifestó su voluntad de concretar la venta. En consecuencia, dictaminó que el Ministerio debe modificar su decreto N° 222, de 2002, fijando un nuevo plazo para elaborar y suscribir la escritura, manteniendo el precio original. Además, solicitó informar a la Unidad de Seguimiento de la División de Auditoría Administrativa sobre la dictación del decreto modificatorio dentro de 30 días.