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La Contraloría General de la República se pronunció sobre procedimientos de venta direc…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre procedimientos de venta directa de inmuebles fiscales tramitados por el Ministerio de Bienes Nacionales, en la Región de Arica y Parinacota. Concluyó que el valor comercial fijado por la Comisión Especial de Enajenaciones no es vinculante para la autoridad, que puede fijar un precio mayor considerando otros antecedentes, pero que un precio fijado mediante decreto totalmente tramitado es obligatorio y no puede dejarse sin efecto sin causa justificada. En los casos con decretos ya dictados, ordenó adoptar medidas para suscribir la escritura pública en esas condiciones; en los demás, ordenó resolver las solicitudes y, si se accede a la venta, fijar el precio considerando como mínimo el valor comercial de 2009. Además, constató una dilación excesiva que vulnera el plazo de seis meses del artículo 27 de la ley N° 19.880 y los principios conclusivo y de economía procedimental, y ordenó ajustar los procedimientos a ese plazo.

Normas citadas

  • dl 1939/77 art/1
  • dl 1939/77 art/84
  • dl 1939/77 art/85 inc/1
  • dto 27/2001 BINAC art/1 inc/1
  • dto 27/2001 BINAC art/4
  • ley 19880 art/27
  • ley 19880 art/8
  • ley 19880 art/9
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿El valor comercial fijado por la Comisión Especial de Enajenaciones obliga a la autoridad al vender inmuebles fiscales?

No, según este dictamen de la Contraloría, el valor comercial fijado por la Comisión Especial de Enajenaciones no es vinculante, y la autoridad puede fijar un precio mayor considerando otros antecedentes. Sin embargo, un precio fijado mediante decreto totalmente tramitado sí es obligatorio.

¿Puede la autoridad dejar sin efecto un precio de venta de inmueble fiscal ya fijado por decreto?

En este caso, la Contraloría sostuvo que un precio fijado mediante decreto totalmente tramitado es obligatorio y no puede dejarse sin efecto sin causa justificada. Por eso ordenó adoptar medidas para suscribir la escritura pública en esas condiciones cuando los decretos ya estaban dictados.

¿Cuál es el plazo para resolver solicitudes de venta directa de inmuebles fiscales según la ley N° 19.880?

La Contraloría constató en este caso una dilación excesiva que vulnera el plazo de seis meses del artículo 27 de la ley N° 19.880, así como los principios conclusivo y de economía procedimental. Por ello, ordenó ajustar los procedimientos de venta directa a ese plazo.

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