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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de un docente ti…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de un docente titular del sector municipal de la Municipalidad de Recoleta, que reclamó la emisión de un finiquito tras la comunicación de un eventual término de su relación laboral. El órgano contralor expuso que, conforme a la ley N° 19.070, el profesional de la educación municipal deja de pertenecer a la dotación solo por las causales enumeradas en su artículo 72. Como no constaba en el sistema de registro de personal que se hubiera puesto término al vínculo por alguna de esas causales, ordenó a la municipalidad informar si efectivamente puso término a la relación laboral, la causal invocada y el eventual pago de indemnización, dentro de 15 días hábiles. Respecto del finiquito, determinó que no corresponde otorgarlo, pues ese documento procede solo en relaciones regidas por el Código del Trabajo y no en vínculos estatutarios como el del docente.

Normas citadas

  • ley 19070 art/25 inc/1
  • ley 19070 art/25 inc/2
  • ley 19070 art/72
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Un docente titular de una municipalidad puede dejar de pertenecer a la dotación sin una causal legal?

No. En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que, conforme a la ley N° 19.070, el profesional de la educación municipal deja de pertenecer a la dotación solo por las causales enumeradas en su artículo 72, por lo que el vínculo no puede terminar por otra vía.

¿Procede otorgar finiquito a un docente municipal que reclama tras un eventual término de su relación laboral?

No procede. En este caso, la Contraloría determinó que el finiquito solo corresponde en relaciones regidas por el Código del Trabajo y no en vínculos estatutarios como el del docente municipal.

¿Qué puede exigir la Contraloría a una municipalidad cuando no consta en su registro el término de un vínculo docente?

En este caso, el organismo ordenó a la municipalidad informar si efectivamente puso término a la relación laboral, la causal invocada y el eventual pago de indemnización, dentro de 15 días hábiles.

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