Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un concurso público de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y de un servicio de vivienda y urbanización, cuyas etapas, según las bases, debían concluir en febrero de 2017, pero la resolución final se dictó en enero de 2018. El organismo concluyó que los plazos de esas actuaciones no son fatales, salvo disposición legal expresa, por lo que el retraso no constituyó por sí mismo una anomalía ni se acreditó perjuicio a los intervinientes. Sin embargo, determinó que se vulneraron los principios de celeridad, eficiencia e impulsión de oficio previstos en los artículos 5° y 8° de la ley N° 18.575, y ordenó ponderar la instrucción de sumarios administrativos, dado que podría existir responsabilidad funcionaria. Respecto de la denuncia sobre una posible instrumentalización política por la cercanía al cambio de gobierno, se abstuvo de pronunciarse por falta de antecedentes aportados por el recurrente.