La Contraloría General de la República tomó razón de la Resolución N° 9, de 2011, del I…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de la Resolución N° 9, de 2011, del Instituto de Previsión Social, que aprobó por trato directo un contrato con la empresa Adexus S.A. para la ejecución de servicios de datacenter. Con todo, lo hizo con alcance: el contrato se suscribió el 31 de agosto de 2011, pero sus prestaciones comenzaron a ejecutarse el 1 de diciembre de 2010, por lo que la toma de razón regulariza esa situación. El organismo recordó que, conforme a la ley N° 10.336 y a la Resolución 1.600 de 2008, el contrato debe aprobarse por acto administrativo antes de su ejecución para tener validez jurídica. Además, estimó que la demora tanto en celebrar el contrato como en emitir su acto aprobatorio contraviene los principios de eficiencia y celeridad (leyes N° 18.575 y N° 19.880), y pidió a la autoridad adoptar medidas para evitar una nueva infracción.
Normas citadas
ley 10336 art/10
Res 1600/2008 Contr art/9/2/2
ley 18575 art/5
ley 18575 art/ 8
ley 19880 art/7
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Un contrato administrativo puede empezar a ejecutarse antes de que se apruebe por acto administrativo?
En este caso, la Contraloría sostuvo que el contrato debe aprobarse por acto administrativo antes de su ejecución para tener validez jurídica. Como las prestaciones comenzaron antes de la aprobación, tomó razón solo con alcance, regularizando esa situación.
¿Qué implica que la Contraloría tome razón con alcance de un acto de trato directo?
En este caso, la Contraloría tomó razón de la resolución que aprobó por trato directo un contrato de servicios de datacenter, pero con alcance, porque sus prestaciones se ejecutaron antes de la aprobación. Además, pidió a la autoridad adoptar medidas para evitar una nueva infracción.
¿La demora en celebrar un contrato público y en dictar su acto aprobatorio puede vulnerar los principios de eficiencia y celeridad?
En este caso, la Contraloría estimó que la demora tanto en celebrar el contrato como en emitir su acto aprobatorio contraviene los principios de eficiencia y celeridad, citando las leyes N° 18.575 y N° 19.880.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
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