Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 18, de 2010, del Instituto de Previsión Social, que autorizaba y aprobaba, mediante trato directo, un contrato con el Centro de Formación Técnica La Araucana para el diseño, programación y ejecución de 62 cursos de capacitación. El organismo concluyó que el acto no se ajustaba a derecho. Explicó que el trato directo invocado, fundado en la letra g) del artículo 8° de la Ley N° 19.886 y en la letra k) del numeral 7 del artículo 10° de su reglamento, solo procede para proyectos específicos o singulares de docencia, investigación o extensión cuando la licitación pública pondría en riesgo su objeto. Según el dictamen, la contratación no correspondía a un proyecto específico de la institución y los servicios eran de capacitación, no de docencia, investigación o extensión. Además, se hizo presente que una licitación pública para el mismo servicio había sido retirada sin tramitar y no había sido reingresada para su control.