Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 15, de 2010, del Instituto de Previsión Social, que autorizaba el trato directo y aprobaba el contrato para el pago del subsidio al empleo de la ley N° 20.338 con el Banco de Crédito e Inversiones. El organismo fundó su decisión en que el acto no se ajusta a derecho: el convenio marco entre el IPS y el SENCE, que sustenta la transferencia de recursos, no había sido tomado razón por la resolución N° 295 de 2010 del SENCE, exigencia establecida en la resolución N° 1.600 de 2008 de la Contraloría. Por ello, el convenio aún no podía producir efectos. Además, se observó que en los vistos debía incluirse el nombramiento del director nacional del IPS, omitido en el texto.