La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación presentada po…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación presentada por una funcionaria regida por la ley 19.378 contra la Municipalidad de El Bosque, por las reiteradas destinaciones de que había sido objeto. El organismo constató que las destinaciones no se materializaron mediante decretos alcaldicios, como exige la ley 18.695 y la ley 19.880, y que no constaba de manera indubitada qué tareas debió asumir la funcionaria ni si estas correspondían a las funciones propias de un técnico de nivel superior, categoría a la que pertenece. Por ello, ordenó a la municipalidad informar en un plazo de 15 días si se dictaron los actos administrativos correspondientes y si se adoptaron medidas para regularizar la situación de la reclamante.
Normas citadas
ley 19378 art/4
ley 18883 art/70
ley 18883 art/58 lt/e
ley 19378 art/5
ley 19378 art/6
ley 19880 art/3
ley 19880 art/2
ley 18695 art/12
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede una municipalidad destinar a un funcionario de salud a otras tareas sin emitir un acto administrativo formal?
En este caso, la Contraloría General de la República constató que las destinaciones de la funcionaria no se materializaron mediante decretos alcaldicios, como exige la normativa municipal y de procedimiento administrativo, por lo que no quedaron formalizadas.
¿Qué ocurre si no está claro si las tareas asignadas a un funcionario corresponden a su categoría o cargo?
En este caso, el organismo señaló que no constaba de manera indubitada qué tareas debió asumir la funcionaria ni si correspondían a las funciones propias de su categoría de técnico de nivel superior, lo que lo llevó a exigir antecedentes a la municipalidad.
¿Qué plazo y qué medidas puede exigir la Contraloría ante reiteradas destinaciones irregulares de un funcionario municipal?
En este caso, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de El Bosque informar en un plazo de 15 días si dictó los actos administrativos correspondientes y si adoptó medidas para regularizar la situación de la reclamante.
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