Resumen
La Contraloría General de la República acogió el reclamo de una directora de un departamento de salud municipal, quien cuestionó su destinación a un establecimiento distinto a su lugar habitual de trabajo. El organismo concluyó que, si bien el alcalde tiene facultades para destinar al personal, la medida adoptada no se ajustó a derecho, ya que la distancia entre el departamento de salud que dirige y el lugar donde debía cumplir funciones dificultaba la ejecución de sus tareas de dirección, supervisión y coordinación. Además, el municipio no justificó en el acto administrativo las razones de la destinación. En consecuencia, se ordenó a la Municipalidad de Quillón dejar sin efecto la destinación e informar a la Contraloría Regional del Bío-Bío en un plazo de 10 días hábiles. Respecto al presunto acoso laboral denunciado, se señaló que debe ser analizado en instancias judiciales o en un proceso disciplinario, y se instruyó recabar antecedentes para determinar la procedencia de una investigación.