La Contraloría General de la República se pronunció sobre si una persona contratada a h…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2017
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si una persona contratada a honorarios en una municipalidad puede acceder al incentivo al retiro establecido en la ley N° 19.882. El organismo recordó que los artículos séptimo y octavo de esa ley otorgan la bonificación por retiro solo a los funcionarios de carrera y a contrata de las entidades que indica, siempre que hagan dejación voluntaria de sus cargos y cumplan los demás requisitos legales. Concluyó que los servidores a honorarios no están comprendidos entre los beneficiarios, por lo que la consultante no puede acceder a la prestación. Su criterio se fundó en pronunciamientos anteriores de la propia Contraloría.
Normas citadas
ley 19882 art/séptimo
ley 19882 art/octavo
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede una persona contratada a honorarios en una municipalidad acceder al incentivo al retiro de la ley 19.882?
No. En este dictamen, la Contraloría General de la República concluyó que los servidores a honorarios no están comprendidos entre los beneficiarios del incentivo al retiro, que la ley otorga solo a funcionarios de carrera y a contrata que hagan dejación voluntaria de sus cargos y cumplan los demás requisitos legales.
¿Qué personas pueden acceder a la bonificación por retiro según los artículos 7 y 8 de la ley 19.882?
Según el dictamen, los artículos séptimo y octavo de la ley 19.882 otorgan la bonificación por retiro solo a los funcionarios de carrera y a contrata de las entidades que indica, siempre que hagan dejación voluntaria de sus cargos y cumplan los demás requisitos legales.
¿Qué criterio sigue la Contraloría para negar el incentivo al retiro a trabajadores a honorarios?
La Contraloría fundó su criterio en pronunciamientos anteriores de la propia institución, que sostienen que los servidores a honorarios no son beneficiarios de esta bonificación.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.