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En un reclamo de ilegalidad deducido por el Fisco de Chile en contra de una decisión de…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

En un reclamo de ilegalidad deducido por el Fisco de Chile en contra de una decisión de amparo del Consejo para la Transparencia, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago debió resolver si debía entregarse la totalidad de los correos electrónicos de la casilla institucional de un exasesor presidencial. El Consejo sostenía que los correos institucionales relativos a funciones públicas son información pública, mientras que el reclamante alegaba que la solicitud era amplia y genérica, que se trataba de comunicaciones protegidas por la Constitución y que concurrían causales de reserva de la Ley N° 20.285. La Corte acogió el reclamo y dejó sin efecto la decisión. Fundó su resolución en que la publicidad de los correos institucionales no se presume por su sola procedencia de una cuenta institucional, sino que debe acreditarse su vinculación específica con actos, resoluciones o procedimientos administrativos determinados. Estimó que el Consejo no ponderó suficientemente la afectación de garantías constitucionales ni motivó por qué procedía la entrega integral solicitada, incurriendo así en ilegalidad.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Artículo 21 de la Ley N° 20.285
reclamo de ilegalidadLey de Transparenciaacceso a información públicacorreos electrónicos institucionalesinviolabilidad de comunicaciones privadascausales de reservaConsejo para la Transparenciadebido cumplimiento de funciones

Preguntas frecuentes

¿Los correos electrónicos de una casilla institucional de un funcionario público son automáticamente información pública en Chile?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que no. Sostuvo que la publicidad de los correos institucionales no se presume por su sola procedencia de una cuenta institucional, sino que debe acreditarse su vinculación específica con actos, resoluciones o procedimientos administrativos determinados.

¿Procede entregar la totalidad de los correos de un funcionario ante una solicitud de acceso a la información amplia y genérica?

En este caso, la Corte acogió el reclamo de ilegalidad y dejó sin efecto la decisión del Consejo para la Transparencia. Estimó que el Consejo no motivó por qué procedía la entrega integral solicitada ni ponderó suficientemente la afectación de garantías constitucionales.

¿Qué debe ponderar el Consejo para la Transparencia antes de ordenar la entrega de comunicaciones de funcionarios públicas?

En este caso, la Corte sostuvo que el Consejo debe ponderar suficientemente la afectación de garantías constitucionales y motivar su decisión. Al no hacerlo, la decisión de amparo incurrió en ilegalidad y fue dejada sin efecto.

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