Resumen del criterio jurisprudencial
El Fisco de Chile, representado por Marcelo Chandía Peña, dedujo reclamo de ilegalidad contra la decisión del Consejo para la Transparencia, que acogió el amparo de Joaquín Labbé Salazar y ordenó entregar todos los correos electrónicos de la casilla institucional del exasesor presidencial Miguel Crispi. El reclamante sostuvo que la solicitud era amplia y genérica, y que los correos constituían comunicaciones privadas protegidas por la Constitución, no información pública por el solo hecho de provenir de una cuenta institucional. También invocó las causales de reserva de la Ley N° 20.285 y la necesidad de proteger el debido cumplimiento de las funciones del órgano y el espacio de deliberación presidencial. El Consejo para la Transparencia defendió su decisión señalando que los correos institucionales relativos a funciones públicas son información pública. La Corte acogió el reclamo y dejó sin efecto la decisión del Consejo. Estimó que no se acreditó una vinculación específica entre los correos requeridos y actos, resoluciones o procedimientos administrativos determinados, y que la orden de entrega integral afectaba garantías constitucionales.