Resumen
La Contraloría General de la República desestimó una solicitud de reconsideración del dictamen N° 11.418, de 2017, que había cuestionado la legalidad de un contrato a honorarios celebrado por la Municipalidad de Santiago. El dictamen original observó que los honorarios consistían en un 20% del valor recuperado y no en un monto fijo, que no constaba el acuerdo del concejo municipal, que no se aseguraba el respeto del límite del 10% del gasto establecido en la ley N° 19.280, que la retribución superaba la que correspondería a funcionarios municipales y a contratos similares, y que no se acreditaron conocimientos especiales. El organismo estimó que el peticionario no aportó nuevos antecedentes que desvirtuaran esas observaciones. En cuanto al pago, reconoció que, habiéndose prestado los servicios, procede el pago en virtud del principio retributivo, pero solo una vez verificado el cumplimiento de las tareas y sin exceder lo que habrían percibido funcionarios municipales por la misma labor. Si existe discrepancia sobre el valor, el asunto se considera litigioso y debe ser resuelto por los tribunales de justicia.