La Contraloría General de la República determinó que no se ajustó a derecho la contrata…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República determinó que no se ajustó a derecho la contratación a honorarios de un trabajador por parte de la Municipalidad de Arica, debido a que al momento de la vigencia del vínculo, el prestador de servicios mantenía un litigio pendiente contra el municipio, configurándose la inhabilidad prevista en el artículo 54, letra a), párrafo segundo, de la ley N° 18.575. En consecuencia, el municipio debe emitir un acto declarativo de invalidez del convenio. Asimismo, se concluyó que el trabajador no tiene derecho al pago de los servicios prestados, ya que la inhabilidad no pudo ser ignorada por él, por lo que no se cumple el supuesto del artículo 63 de la misma ley para percibir remuneraciones.
Normas citadas
Ley 18575 art/54 lt/a
ley 18575 art/63
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio contratar a honorarios a una persona que tiene un juicio pendiente contra el mismo municipio?
No, según este dictamen. La Contraloría determinó que el convenio fue contrario a derecho porque, al existir un litigio pendiente entre el prestador y la Municipalidad, se configuró la inhabilidad del artículo 54 letra a) de la Ley 18.575, por lo que el municipio debe emitir un acto declarativo de invalidez.
¿Tiene derecho a cobrar sus honorarios una persona contratada en una situación de inhabilidad para contratar con el Estado?
En este caso, no. La Contraloría concluyó que el trabajador no tiene derecho al pago de los servicios prestados, ya que no pudo ignorar la inhabilidad y, por ello, no se cumple el supuesto del artículo 63 de la Ley 18.575 para percibir remuneraciones.
¿Qué consecuencias tiene para un municipio contratar a un prestador de servicios que se encuentra inhabilitado?
Según este dictamen, el convenio de honorarios no se ajustó a derecho y el municipio debe emitir un acto declarativo de invalidez de dicho convenio. La Contraloría resolvió así por la configuración de la inhabilidad del artículo 54 letra a), párrafo segundo, de la Ley 18.575.
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