La Contraloría General de la República determinó que no se ajustó a derecho un convenio…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2017
Resumen
La Contraloría General de la República determinó que no se ajustó a derecho un convenio a honorarios suscrito por un municipio para que un particular prestara servicios de apoyo en la gestión y recuperación de reembolsos por subsidios de incapacidad laboral y devoluciones de pagos en exceso a administradoras de fondos de pensiones. Se concluyó que los honorarios pactados eran excesivos en comparación con contratos similares de otras entidades edilicias, y que las labores pudieron ser realizadas por personal municipal, vulnerando los principios de eficiencia, economicidad y proporcionalidad, así como el interés público. Por ello, el municipio deberá iniciar un procedimiento para invalidar el acto administrativo que aprobó el convenio e instruir un proceso disciplinario para determinar responsabilidades.
Normas citadas
ley 18695 art/56
ley 18695 art/63 lt/II
ley 18883 art/4 inc/2
ley 19280 art/13
dfl 2/2009 EDUCA art/54
ley 18575 art/3 inc/2
ley 18575 art/5 inc/1
ley 18575 art/52
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio contratar a honorarios a un particular para tareas que podría hacer su propio personal?
En este caso, la Contraloría sostuvo que no se ajustó a derecho un convenio a honorarios porque las labores de gestión y recuperación de reembolsos podían ser realizadas por personal municipal, vulnerando los principios de eficiencia, economicidad y proporcionalidad.
¿Qué pasa si un municipio pacta honorarios excesivos en un contrato de servicios?
En este caso, la Contraloría concluyó que los honorarios pactados eran excesivos en comparación con contratos similares de otras entidades edilicias, lo que afectó el interés público y llevó a ordenar al municipio iniciar un procedimiento para invalidar el acto que aprobó el convenio.
¿Qué debe hacer un municipio cuando la Contraloría determina que un convenio a honorarios no se ajustó a derecho?
En este caso, la Contraloría ordenó al municipio iniciar un procedimiento para invalidar el acto administrativo que aprobó el convenio e instruir un proceso disciplinario para determinar responsabilidades.
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