La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia del 2° Juzgado de Policía Local…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia del 2° Juzgado de Policía Local de Santiago, que había condenado a la Cámara de Diputados al pago de una multa de 100 UTM por infracción a los artículos 158 y 159 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, relativos a la exigencia de reparación de edificios. El inmueble corresponde al Ex Congreso Nacional, declarado monumento histórico. La Corte resolvió que, en el caso de monumentos históricos, la exigencia de reparación está supeditada a la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales, conforme al artículo 16 de la Ley 17.288. Como dicha autorización aún no había sido obtenida, pese a las gestiones realizadas por la denunciada, no se configuró infracción alguna, y se absolvió a la Cámara de Diputados de la denuncia.
Normas citadas
Ley 17.288
Ley 18.287
Artículo 16 de la Ley 17.288
monumento históricoConsejo de Monumentos Nacionalesautorización previareparacionesLey General de Urbanismo y ConstruccionesmultaCámara de DiputadosDirección de Obras Municipales
Preguntas frecuentes
¿Se puede sancionar con multa por no reparar un edificio declarado monumento histórico si aún no hay autorización del Consejo de Monumentos Nacionales?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que la exigencia de reparación de un monumento histórico está supeditada a la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales, conforme al artículo 16 de la Ley 17.288. Como esa autorización no se había obtenido, no hubo infracción y se absolvió a la denunciada.
¿Qué pasa si la Cámara de Diputados fue condenada por infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones por reparaciones en el Ex Congreso Nacional?
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia del Juzgado de Policía Local que había impuesto una multa de 100 UTM por infracción a los artículos 158 y 159 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La Corte absolvió a la Cámara de Diputados porque la reparación requería autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales.
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