La Corte de Apelaciones de Santiago acogió, con costas, un reclamo de ilegalidad presen…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió, con costas, un reclamo de ilegalidad presentado por una inmobiliaria en contra de la Municipalidad de Estación Central. El conflicto se originó porque la municipalidad, mediante un ordinario del director de obras, no reconoció la antigüedad de construcciones edificadas antes de 1929 en un inmueble. La Corte consideró que el acto impugnado contraviene los artículos 11, 35 y 41 de la Ley 19.880 y carece de motivación suficiente, resultando arbitrario e ilegal. En consecuencia, anuló el ordinario y ordenó a la municipalidad que, mediante el acto administrativo que corresponda, reconozca la antigüedad de 878 metros cuadrados de construcciones edificadas con antelación al año 1929 que persisten, sobre la base del avalúo fiscal detallado y las normas urbanísticas pertinentes.
Normas citadas
Ley 4.563
Ley 19.880
Ley N° 19.583
DFL N° 458
Ley 18.695
Ley 10.336
Ley N° 18.575
Oficio N° 520, de 2009
reclamo de ilegalidadley 19.880motivación de los actos administrativoscertificado de antigüedadconstrucciones anteriores a 1929regularización de obrasOrdenanza General de Urbanismo y ConstrucciónDirección de Obras Municipales
Preguntas frecuentes
¿Puede una municipalidad desconocer la antigüedad de una construcción sin fundamentar debidamente su decisión?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un reclamo de ilegalidad y consideró que el ordinario municipal que no reconoció la antigüedad de construcciones anteriores a 1929 carecía de motivación suficiente, resultando arbitrario e ilegal.
¿Qué exige la Ley 19.880 para la validez de un acto administrativo municipal?
En este caso, la Corte estimó que el acto impugnado contraviene los artículos 11, 35 y 41 de la Ley 19.880, al carecer de motivación suficiente, y por ello lo anuló.
¿Qué ocurre si un acto administrativo municipal es anulado por la justicia?
En este caso, la Corte anuló el ordinario y ordenó a la municipalidad que, mediante el acto administrativo que corresponda, reconozca la antigüedad de las construcciones anteriores a 1929 sobre la base del avalúo fiscal y las normas urbanísticas pertinentes.
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