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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 768 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, norma que limita las causales de casación en la forma en los juicios de reclamación de ilegalidad municipal. La mayoría del Tribunal estimó que la disposición impugnada no produce resultados contrarios a la Constitución, por lo que desestimó el requerimiento. Hubo una disidencia que estuvo por acogerlo, al considerar que la restricción de los recursos vulnera la igual protección de la ley y la tutela judicial efectiva, pues el legislador no puede privar a las partes de un recurso efectivo sin justificación clara. La sentencia fue redactada por el ministro R.M.M. y la disidencia correspondió al ministro H.M.R..

Normas citadas

  • Código de procedimiento civil
  • Ley N° 21.226
  • Artículo 4 de la Ley N° 21.226
  • Artículo 170 del Código de Procedimiento Civil
  • Artículo 768 del Código de Procedimiento Civil
  • Ley N° 21.210
  • Ley N° 18.695
  • Ley 19.880
inaplicabilidad por inconstitucionalidadrecurso de casación en la formatutela judicial efectivaderecho a los recursosreclamación de ilegalidad municipalcontencioso administrativoconfiguración legal de recursosinterpretación pro hominem

Preguntas frecuentes

¿Limitar los recursos en los juicios de reclamación de ilegalidad municipal vulnera la igual protección de la ley y la tutela judicial efectiva?

En este caso, la mayoría del Tribunal Constitucional no lo estimó así. Un ministro disidente sostuvo que sí, porque el legislador no puede privar a las partes de un recurso efectivo sin una justificación clara.

¿Puede el legislador restringir las causales de casación en la forma sin justificación clara?

En este caso, la disidencia afirmó que no, ya que una restricción de recursos sin justificación clara vulnera la igual protección de la ley y la tutela judicial efectiva. La mayoría, en cambio, desestimó el requerimiento y no acogió ese argumento.

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