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La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 120, de 2011, del…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 120, de 2011, del Comité Innova Chile, que aprueba la modificación de un convenio de subsidio celebrado con la Universidad de Valparaíso, por estar ajustada a derecho. Sin embargo, el organismo advirtió que el acto fue remitido para toma de razón con evidente retraso, pues el convenio se firmó en diciembre de 2010 y la resolución se emitió en mayo de 2011, siendo ingresada recién en julio de 2011, cuando las actividades debían ejecutarse en mayo y el informe final entregarse en junio. Según su jurisprudencia, esta demora infringe el artículo 8° de la Ley N° 18.575 y el principio de celeridad de la Ley N° 19.880, por lo que instruyó al Comité a adoptar medidas para dictar y enviar sus actos a toma de razón oportunamente. Además, corrigió un error formal en la fecha de la carta N° 1.365, que corresponde a 2010 y no a 2011.

Normas citadas

  • ley 18575 art/8
  • ley 19880 art/7
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un organismo público envía un acto administrativo a toma de razón con retraso?

En este caso, la Contraloría tomó razón de la resolución por estar ajustada a derecho, pero advirtió que el envío fue tardío y que esa demora infringe el artículo 8° de la Ley N° 18.575 y el principio de celeridad de la Ley N° 19.880. Instruyó al Comité a dictar y remitir sus actos oportunamente.

¿Puede la Contraloría tomar razón de un acto y, al mismo tiempo, reprochar su tramitación?

Sí. En este dictamen, el organismo tomó razón de la resolución que modificó un convenio de subsidio por ser ajustada a derecho, y a la vez advirtió que su remisión fue con evidente retraso frente a los plazos de ejecución del convenio.

¿Qué efecto tiene un error en la fecha de una carta citada en un dictamen de la Contraloría?

En este caso, la Contraloría corrigió un error formal: la carta N° 1.365 corresponde al año 2010 y no a 2011, como se había indicado. La corrección es de forma y no altera el pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución.

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