Administrativo

La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 256 de 2011 de la…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 256 de 2011 de la Corporación de Fomento de la Producción, que aprueba la modificación de un contrato de prestación de servicios de consultoría destinado a apoyar la captación, promoción y atracción de inversiones extranjeras a Chile. El organismo estimó que la modificación se ajusta a derecho, pero hizo presente un retraso considerable: el acuerdo fue suscrito en febrero de 2011 y aprobado recién en junio del mismo año. Por ello, instruyó a la entidad a adoptar medidas para evitar demoras tanto en la dictación como en la remisión de sus actos para el control preventivo de legalidad, por infringir los principios de eficiencia, economía procedimental y celeridad de los artículos 5° y 8° de la ley N° 18.575.

Normas citadas

  • Ley 18575 art/5
  • ley 18575 art/8
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un organismo público demora en dictar o remitir sus actos para el control preventivo de legalidad de la Contraloría?

En este caso, la Contraloría tomó razón de la modificación de un contrato de la Corfo por ajustarse a derecho, pero hizo presente un retraso considerable en su aprobación y le instruyó adoptar medidas para evitar demoras, por infringir los principios de eficiencia, economía procedimental y celeridad de los artículos 5° y 8° de la ley N° 18.575.

¿Puede la Contraloría tomar razón de un acto administrativo que se aprobó tardíamente?

Sí, en este caso el organismo estimó que la modificación contractual se ajustaba a derecho y tomó razón de la resolución, pero dejó constancia del retraso entre la firma del acuerdo y su aprobación.

¿Qué principios de la administración del Estado se vulneran con la demora en la tramitación de contratos públicos?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la demora en aprobar la modificación de un contrato de consultoría vulneró los principios de eficiencia, economía procedimental y celeridad, consagrados en los artículos 5° y 8° de la ley N° 18.575.

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