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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2006

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por un particular contra dos frases del inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal, relativas a la facultad del Ministerio Público para interponer el recurso correspondiente. La Segunda Sala declaró inadmisible el requerimiento porque no se cumplía el requisito de una gestión judicial pendiente exigido por el artículo 93 de la Constitución y el artículo 84 N° 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ya que, según certificó el Secretario del Tribunal, la causa en que incidía el requerimiento había concluido tras el rechazo del recurso de hecho y del recurso de reposición. Además, el fallo recuerda que la Sala debe verificar la existencia de esa gestión pendiente al admitir a trámite el requerimiento. El texto incluye también votos disidentes que sostienen que la delegación de facultades administrativas para resolver reclamaciones no vulnera la Constitución, aunque reconocen que estas instancias administrativas están sujetas a principios constitucionales de debido proceso cuando preceden a una instancia judicial.

Normas citadas

  • artículo 116, de Código Tributario
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadAfectacion De Los Derechos En Su EsenciaAutoresDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho De AguasDerecho Penal Militar

Preguntas frecuentes

¿Procede un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad si la causa judicial en que incide ya terminó?

No. En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento porque no existía gestión judicial pendiente, al haber concluido la causa tras el rechazo del recurso de hecho y del recurso de reposición.

¿Qué requisito debe verificar el Tribunal Constitucional antes de admitir a trámite un requerimiento de inaplicabilidad?

Debe verificar que exista una gestión judicial pendiente, exigida por el artículo 93 de la Constitución y el artículo 84 N° 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En este caso, la Segunda Sala lo recordó al resolver.

¿La delegación de facultades administrativas para resolver reclamaciones vulnera la Constitución?

Según los votos disidentes de este fallo, no la vulnera, aunque esas instancias administrativas están sujetas a principios constitucionales de debido proceso cuando preceden a una instancia judicial.

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