El Tribunal Constitucional examinó una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalid…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional examinó una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativa a la relación entre un trabajador y un órgano de la Administración del Estado contratado a honorarios. La mayoría concluyó que no existía un conflicto de constitucionalidad, sino una cuestión de mera legalidad, pues determinar si la relación se rige por el Código del Trabajo o por el Estatuto Administrativo corresponde al juez del fondo. Se precisó que los tribunales laborales no pueden desconocer actos administrativos válidos ni revisar su legalidad, conforme al artículo 7 de la Constitución y al artículo 420 del Código del Trabajo. El fallo fue acogido parcialmente, según lo registrado, y la parte resolutiva incluye un voto que sostiene que la proporcionalidad de las sanciones es una cuestión de igualdad ante la ley, tras la Ley N° 20.603, que convirtió las penas alternativas en la regla general, aunque sin reconocer un derecho subjetivo a ellas.
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoReinserción socialpenas sustitutivasDeterminación de la penaIgualdad ante la LeyPrincipio de proporcionalidad de la Pena
Preguntas frecuentes
¿Pueden los tribunales laborales desconocer un acto administrativo o revisar su legalidad?
En este caso, se precisó que los tribunales laborales no pueden desconocer actos administrativos válidos ni revisar su legalidad, conforme al artículo 7 de la Constitución y al artículo 420 del Código del Trabajo.
¿La proporcionalidad de las sanciones penales es una cuestión de igualdad ante la ley tras la Ley N° 20.603?
En este caso, un voto sostuvo que la proporcionalidad de las sanciones es una cuestión de igualdad ante la ley, tras la Ley N° 20.603 que hizo de las penas alternativas la regla general, aunque sin reconocer un derecho subjetivo a ellas.
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