La Contraloría General de la República se pronunció sobre el derecho a indemnización de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el derecho a indemnización del artículo 2° transitorio de la ley N° 19.070 de una profesional de la educación que se incorporó a la dotación docente de una municipalidad mediante permuta desde otra comuna. El organismo recordó que el artículo 44 de la ley N° 19.070 permite la permuta entre cargos de igual naturaleza con autorización de los empleadores, y que, según su jurisprudencia (dictamen N° 6.198, de 2004, y dictámenes previos), la permuta no implica un nuevo empleo ni la pérdida de los años de servicio para efectos indemnizatorios. Concluyó que la recurrente cumple los requisitos, pues ingresó a la administración municipal antes de la entrada en vigencia del Estatuto de los Profesionales de la Educación. En consecuencia, ordenó a la Municipalidad de Concepción pagar el resarcimiento por el período desde su ingreso hasta el 1 de julio de 1991 e informar a la Contraloría Regional del Bío-Bío en un plazo de 20 días hábiles.
Normas citadas
Ley 19070 art/2 tran
ley 19010 art/3
ctr art/161
ley 19070 art/44
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿La permuta de un profesional de la educación entre comunas hace perder los años de servicio para la indemnización del artículo 2° transitorio de la ley 19.070?
No. En este caso, la Contraloría sostuvo que la permuta autorizada por el artículo 44 de la ley 19.070 no constituye un nuevo empleo ni implica la pérdida de los años de servicio para efectos indemnizatorios, según su jurisprudencia previa.
¿Qué debe hacer una municipalidad si la Contraloría reconoce el derecho a indemnización de un profesional de la educación?
En este caso, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Concepción pagar el resarcimiento correspondiente al período en que la profesional estuvo en la administración municipal y luego informar a la Contraloría Regional del Bío-Bío en un plazo de 20 días hábiles.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
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