La Contraloría General de la República se pronunció sobre la negativa de la Municipalid…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2013
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la negativa de la Municipalidad de Quillón a reembolsar los gastos de sala cuna de una funcionaria, alegando que la elección del establecimiento no fue suya sino de la administración anterior. El órgano contralor sostuvo que el empleador es responsable por mandato legal de proporcionar el beneficio del artículo 203 del Código del Trabajo, que el municipio no cuenta con sala cuna propia ni convenio para ese fin, y que no existía impedimento para elegir una sala cuna empadronada por la JUNJI. Por ello, confirmó el oficio N° 6.661, de 2013, de la Contraloría Regional del Bío-Bío, ordenó regularizar la situación de la trabajadora en 20 días y recordó que sus dictámenes son obligatorios y vinculantes para los servicios fiscalizados.
Normas citadas
ctr art/203 inc/6
ctr art/203 inc/1
ctr art/194
pol art/6
pol art/7
pol art/98
ley 18575 art/2
ley 10336 art/1
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Debe un municipio reembolsar los gastos de sala cuna de una funcionaria si no tiene sala cuna propia ni convenio?
En este caso, la Contraloría General sostuvo que el empleador es responsable por mandato legal de proporcionar el beneficio del artículo 203 del Código del Trabajo. Como el municipio no tenía sala cuna propia ni convenio, debía regularizar la situación de la trabajadora.
¿Puede un municipio negarse a pagar la sala cuna alegando que la elección del establecimiento fue hecha por la administración anterior?
En este caso, la Contraloría rechazó esa defensa y confirmó la obligación de reembolso. Además, no existía impedimento para elegir una sala cuna empadronada por la JUNJI.
¿Son obligatorios los dictámenes de la Contraloría General para los servicios fiscalizados?
Sí, en este caso el órgano contralor recordó que sus dictámenes son obligatorios y vinculantes para los servicios fiscalizados. Por ello ordenó regularizar la situación de la trabajadora en un plazo de 20 días.
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