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La Contraloría General de la República resolvió que los gastos por concepto de sala cun…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República resolvió que los gastos por concepto de sala cuna para servidoras municipales contratadas con recursos de la ley N° 20.248 (S.E.P.) deben ser financiados con esos mismos fondos, ya que el beneficio deriva directamente del vínculo laboral y debe otorgarse íntegramente a las trabajadoras que cumplan los requisitos legales. El organismo empleador es responsable de pagar dichos gastos de manera completa y oportuna al establecimiento autorizado por la JUNJI. Además, aclaró el dictamen N° 76.803, de 2013, precisando que, aunque la administración del régimen corresponde al Ministerio de Educación, la fiscalización del uso de los recursos es competencia de la Contraloría, conforme a la ley N° 10.336.

Normas citadas

  • ley 20248 art/1
  • Ley 20248 art/8 bis inc/1
  • ley 19464 art/2 CTR art/203
  • ctr art/194
  • ley 20248 art/29
  • ley 10336 art/1
  • ley 10336 art/6
  • ley 10336 art/21A
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Pueden financiarse con la subvención SEP los gastos de sala cuna de las trabajadoras contratadas con esos recursos?

Sí. En este dictamen, la Contraloría General de la República resolvió que los gastos de sala cuna de servidoras municipales contratadas con recursos de la ley 20.248 (S.E.P.) deben financiarse con esos mismos fondos, porque el beneficio deriva directamente del vínculo laboral.

¿Quién debe pagar la sala cuna de las trabajadoras de la SEP y a quién se paga?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el organismo empleador es responsable de pagar esos gastos de manera completa y oportuna al establecimiento autorizado por la JUNJI. Dicho beneficio debe otorgarse íntegramente a las trabajadoras que cumplan los requisitos legales.

¿Qué organismo fiscaliza el uso de los recursos de la ley SEP si la administración corresponde al Ministerio de Educación?

En este dictamen, la Contraloría aclaró su dictamen anterior de 2013 y precisó que, aunque la administración del régimen corresponde al Ministerio de Educación, la fiscalización del uso de los recursos es competencia de la Contraloría, conforme a la ley 10.336.

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