Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la oportunidad con que la Defensoría Penal Pública debe convocar a concursos internos de promoción y ascensos para proveer cargos vacantes. Reiterando su jurisprudencia, el organismo señala que convocar a estos certámenes es una facultad discrecional de la autoridad, que no tiene un plazo legal para ejercerla, de modo que la determinación de su mérito, oportunidad o conveniencia corresponde a la Administración activa. Sin embargo, concluye que esa facultad no autoriza a suspender indefinidamente las promociones, pues la carrera funcionaria es un derecho reconocido en la Constitución, en la ley N° 18.575 y en el Estatuto Administrativo, y el sistema de promociones es uno de sus pilares. Por ello, la autoridad debe evitar que su decisión vulnere la carrera funcionaria de sus servidores, lo que ocurre cuando la demora se prolonga en demasía.