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La empresa Moller y Pérez Cotapos Construcciones Industriales S.A. presentó un requerim…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2022

Resumen

La empresa Moller y Pérez Cotapos Construcciones Industriales S.A. presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 4°, inciso final, de la Ley N° 19.983, que sanciona la no entrega del recibo de factura exigido por el artículo 5 letra c) de esa ley, con una indemnización al denunciante de dos a cinco veces el valor de la o las facturas involucradas. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque, habiéndose producido empate de votos, no se alcanzó la mayoría exigida por el artículo 93, inciso primero, numeral 6°, de la Constitución para declarar la inaplicabilidad. En consecuencia, se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en autos y no se condenó en costas a la requirente, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • Artículo 4° de la Ley N° 19.983
  • Artículo 5 letra c) de la Ley N° 19.983
  • Artículo 93, inciso primero, numeral 6°, de la Carta Fundamental
inaplicabilidadinconstitucionalidadLey N° 19.983Tribunal Constitucionalderecho constitucional

Preguntas frecuentes

¿Se puede pedir al Tribunal Constitucional que declare inaplicable la sanción por no entregar el recibo de factura en la Ley N° 19.983?

En este caso, una empresa constructora presentó un requerimiento de inaplicabilidad contra el inciso final del artículo 4° de la Ley N° 19.983, pero el Tribunal Constitucional lo rechazó porque hubo empate de votos y no se alcanzó la mayoría exigida para declarar la inaplicabilidad.

¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional se empata al votar un requerimiento de inaplicabilidad?

En este caso, el empate impidió reunir la mayoría que exige el artículo 93, inciso primero, numeral 6°, de la Constitución, por lo que el requerimiento fue rechazado y se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento.

¿Se condena en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado?

En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas a la requirente, por considerar que tuvo motivo plausible para litigar.

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