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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigido contra el inciso final del artículo 4 de la Ley N° 19.983, que regula la transferencia de facturas y el mérito ejecutivo de la copia cedible, en el marco de una gestión pendiente. El requirente sostenía que la norma impugnada resultaba contraria a la Constitución. Al resolver, el Tribunal constató que se produjo un empate de votos, por lo que no se alcanzó la mayoría exigida por el artículo 93, inciso primero, numeral 6°, de la Constitución para declarar la inaplicabilidad. En consecuencia, rechazó el requerimiento, dejó sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en autos y no condenó en costas a la parte requirente por haber tenido motivo plausible para litigar, sin pronunciarse sobre el fondo por falta de quórum.

Normas citadas

  • artículo 5, inciso N/A, numeral N/A, letra c), párrafo N/A, frase "N/A", de Ley N° 19.983
Tribunal ConstitucionalINA

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional empata en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?

En este caso, el Tribunal Constitucional constató un empate de votos y, al no alcanzar la mayoría exigida por la Constitución, rechazó el requerimiento sin pronunciarse sobre el fondo por falta de quórum.

¿Se puede declarar la inaplicabilidad de una norma si no hay mayoría suficiente en el Tribunal Constitucional?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad porque no se alcanzó la mayoría exigida por el artículo 93, inciso primero, numeral 6°, de la Constitución, sin pronunciarse sobre el fondo.

¿Qué ocurre con la suspensión del procedimiento y las costas cuando se rechaza un requerimiento de inaplicabilidad por falta de quórum?

En este caso, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en autos y no condenó en costas al requirente por haber tenido motivo plausible para litigar.

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