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El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Ilustre Municipalidad de Antofagasta respecto del artículo 4°, inciso final, de la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de factura. La gestión pendiente era una querella infraccional y demanda de cobro de indemnización legal seguida ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Antofagasta. El Tribunal consideró que la norma impugnada no vulnera derechos fundamentales, pues es constitucionalmente válida al facultar al juzgado de policía local para aplicar indemnizaciones de dos a cinco veces el valor de las facturas en caso de infracción a las prohibiciones de restricción de circulación de créditos. Se descartó que la calidad de institución pública de la requirente altere el análisis de constitucionalidad, ya que existe una parte a la que se le adeuda dinero y el Estado debe cumplir sus obligaciones contractuales de buena fe. La norma favorece la libre circulación de créditos, especialmente para las pymes, y expresa un orden público económico.

Normas citadas

  • Ley N° 19.983 - Artículo 4°, inciso final
  • Ley N° 18.287
inaplicabilidad por inconstitucionalidadfacturacirculación de créditosmérito ejecutivojuzgado de policía localindemnización legaltransferencia de derechossanciones administrativas

Preguntas frecuentes

¿Puede un municipio invocar la inconstitucionalidad de una norma sobre cobro de facturas por ser una institución pública?

En este caso, el Tribunal descartó que la calidad de institución pública de la municipalidad altere el análisis, porque existe una parte a la que se le adeuda dinero y el Estado debe cumplir sus obligaciones contractuales de buena fe.

¿Qué finalidad tiene la norma que prohíbe restringir la circulación de facturas y otorga mérito ejecutivo a su copia?

En este caso, el Tribunal sostuvo que la norma favorece la libre circulación de créditos, especialmente para las pymes, y expresa un orden público económico.

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