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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por l…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Municipalidad de Antofagasta contra el artículo 4°, inciso final, de la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y mérito ejecutivo de copias de facturas. La gestión pendiente se tramita ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Antofagasta, donde una empresa demanda a la municipalidad por cobro de indemnización legal. El requirente alegaba que la norma vulneraba derechos constitucionales al establecer prohibiciones sobre la libre circulación de créditos y sanciones indemnizatorias. El Tribunal consideró que la norma no es inconstitucional, pues favorece la libre circulación de créditos, especialmente para pymes, y es racional al equiparar procedimientos de cobro, constituyendo una expresión de orden público económico. La sentencia concluyó que la calidad de institución pública de la requirente no altera el análisis de constitucionalidad.

Normas citadas

  • Ley N° 19.983 - Artículo 4°
  • Ley N° 18.287
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Preguntas frecuentes

¿Es inconstitucional el inciso final del artículo 4° de la Ley N° 19.983 que regula la transferencia de copias de facturas?

No. En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y concluyó que la norma no es inconstitucional, porque favorece la libre circulación de créditos, especialmente para pymes, y es una expresión de orden público económico.

¿Puede un organismo público como una municipalidad alegar inconstitucionalidad de la Ley N° 19.983 en un juicio de cobro?

En este caso, el Tribunal sostuvo que la calidad de institución pública de la municipalidad requirente no altera el análisis de constitucionalidad, por lo que el requerimiento fue evaluado en sus méritos y rechazado.

¿Es racional que la Ley N° 19.983 equipare los procedimientos de cobro de facturas con otros mecanismos de cobro?

Según esta sentencia, sí. El Tribunal consideró que la equiparación de procedimientos de cobro que hace la norma es racional y no vulnera derechos constitucionales, según lo sostenido en el caso de la Municipalidad de Antofagasta.

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