Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la destinación de un servidor de la Municipalidad de La Pintana. Un funcionario municipal había sido objeto de destinaciones que, según el dictamen, no guardaban relación con la jerarquía ni con las funciones propias de su cargo. El órgano recordó que un servidor sólo está obligado a acatar una destinación cuando las funciones asignadas son de la misma jerarquía que las del cargo para el que fue nombrado. Sobre esa base, el ente comunal deberá asignarle funciones de igual jerarquía, inherentes a la plaza de J.D.D.C., prevista en el decreto con fuerza de ley N° 124-19.321, de 1994, y deberá informar a la Unidad de Seguimiento dentro de 20 días hábiles. Además, se rechazó el argumento de extemporaneidad, porque la transgresión se mantiene en el tiempo. En consecuencia, se rechazó la reconsideración del dictamen anterior y se complementó en los términos expuestos.