Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema acoge el recurso de protección interpuesto por Verónica Marina Pizarro Cortéz contra el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, que había decidido no renovar su contrata mediante Resolución Exenta N°8442 de 22 de noviembre de 2024. La funcionaria se desempeñaba como Profesional de mejora continua y acompañamiento técnico pedagógico desde el 2 de septiembre de 2019, con renovaciones anuales ininterrumpidas durante cinco años y cuatro meses. La Corte determina que la decisión de no renovación es ilegal y arbitraria, ya que la reestructuración administrativa no suprimió el cargo sino que modificó su perfil e impuso nuevos requisitos de formación. Se ordena la reincorporación de la funcionaria al considerar que vulnera garantías fundamentales constitucionales.