Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por Carlos Andrés Opazo Olavarría en contra de la Dirección Nacional de Vialidad, que había decidido no renovar su contrata. El tribunal revocó la sentencia de alzada que rechazaba el recurso, considerando que el funcionario se encontraba protegido por el principio de confianza legítima. El actor se desempeñaba como encargado regional de sumarios desde 2018, más de cinco años antes de su desvinculación. La Corte ordenó su reincorporación a sus funciones y el pago de las remuneraciones correspondientes al período en que fue separado. La decisión reafirma la protección derivada del principio de confianza legítima en materia de empleos a contrata en la administración pública.