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El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por u…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por una empresa demandada en un juicio de arrendamiento por no pago de rentas, que cuestionaba el artículo 8° número 9 de la Ley N° 18.101 sobre A.I.U.. La norma impugnada excluye la posibilidad de solicitar una orden de no innovar que suspenda el cumplimiento de la sentencia de primera instancia mientras se tramita la apelación. La requirente sostenía que esta limitación vulneraba el debido proceso y garantías constitucionales. El Tribunal concluyó que no acreditó que la aplicación de la norma en su caso concreto produjera un resultado inconstitucional, y que la limitación de apelabilidad no vulnera por sí misma el artículo 19 número 3 de la Constitución, en tanto existan recursos alternativos disponibles. No se impusieron costas a la requirente por haber tenido motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • Artículo 8° numeral 9° de la Ley N° 18.101 sobre Arrendamiento de Inmuebles Urbanos
  • Artículo 19 numeral 3° de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19 numeral 26° de la Constitución Política de la República
  • Artículo 5° de la Constitución Política de la República
  • Artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos
  • Artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
  • Artículo 102 inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes

¿Se puede pedir una orden de no innovar para suspender una sentencia de arrendamiento de inmuebles urbanos mientras se tramita la apelación?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el artículo 8° número 9 de la Ley N° 18.101 excluye esa posibilidad, y rechazó el requerimiento que pedía declarar inaplicable esa limitación. Concluyó que la norma no produjo un resultado inconstitucional en el caso concreto.

¿La limitación de apelabilidad en juicios de arrendamiento vulnera el debido proceso y el artículo 19 número 3 de la Constitución?

En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la limitación no vulnera por sí misma el artículo 19 número 3 de la Constitución, en tanto existan recursos alternativos disponibles. Además, la requirente no acreditó que su aplicación concreta produjera un resultado inconstitucional.

¿Procede imponer costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, el Tribunal Constitucional no impuso costas a la requirente, porque tuvo motivo plausible para litigar. El requerimiento fue rechazado, pero la presentación se consideró razonablemente fundada.

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