Resumen
La Contraloría General de la República examinó la legalidad del decreto N° 2.697, de 2013, de la Universidad de Chile, que puso término anticipado a la contrata de un funcionario designado bajo la fórmula «mientras sean necesarios sus servicios». El interesado alegó que se le pidió la renuncia y que ello constituía acoso laboral por parte de su jefe directo. La Contraloría señaló que, en esa modalidad de contrata, la autoridad puede poner término en cualquier época anterior al vencimiento, y que no se acompañaron antecedentes que acreditaran la exigencia de renuncia. Respecto del acoso, indicó que corresponde a la autoridad con potestad sancionatoria ponderar si los hechos son sancionables disciplinariamente, lo que podría dar lugar a un sumario. En consecuencia, cursó el decreto y desestimó la petición, al no advertir irregularidad o arbitrariedad en la actuación de la Universidad.