Resumen
La Contraloría General de la República desestimó las alegaciones formuladas contra la prórroga de una contrata en la Universidad de Santiago de Chile. El caso se refirió a un funcionario contratado por decreto para 2012, cuya contrata fue extendida para 2013. El dictamen recordó que el artículo 10 de la Ley N° 18.834 exige proponer la prórroga con al menos treinta días de anticipación, y constató que ese plazo no se cumplió. Sin embargo, concluyó que los plazos administrativos no son fatales y que su inobservancia no afecta la validez del acto, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren derivarse. Además, indicó que corresponde a la autoridad decidir la procedencia y extensión de la prórroga, sin que el órgano contralor pondere sus razones. Por ello, no se observó infracción normativa, aunque se instruyó ajustarse al plazo legal en lo sucesivo.