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El Tribunal Ambiental conoció una solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente p…

Sentencia · Tribunal Ambiental · 2017

Resumen

El Tribunal Ambiental conoció una solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente para renovar la medida provisional de clausura temporal parcial del proyecto Relleno Sanitario Santa Marta, ubicado en Talagante, Región Metropolitana, medida que había sido autorizada e renovada en ocasiones anteriores por la inestabilidad del relleno y el riesgo de daño inminente al medio ambiente y a la salud. El Tribunal acogió la solicitud y autorizó únicamente la operación del área denominada "SobreCelda", cuya capacidad volumétrica fue fijada en 920.000 m³ por la Secretaría Regional Ministerial de Salud. La autorización rige por 30 días corridos o hasta alcanzar esa capacidad, lo que ocurra primero, fundándose en los artículos 17 N°4 y 32 de la Ley N°20.600 y en el artículo 48 letra c) de la LOSMA. Asimismo, se ordena que la SMA remita al Tribunal, dentro de cinco días de recibidos, los informes mensuales que la empresa debe entregar a la autoridad sanitaria.

Normas citadas

  • Art. 17 N°4 Ley N°20.600
  • Art. 32 Ley N°20.600
  • Art. 48 letra c) LOSMA
medida provisionalclausura temporal parcialrelleno sanitariocapacidad volumétricadaño inminentesalud públicamedio ambienteSuperintendencia del Medio Ambiente

Preguntas frecuentes

¿Qué puede operar en un relleno sanitario que está sujeto a clausura temporal parcial por inestabilidad y riesgo ambiental?

En este caso, el Tribunal autorizó únicamente la operación del área denominada SobreCelda, con una capacidad volumétrica fijada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud. La autorización rige por 30 días corridos o hasta alcanzar esa capacidad, lo que ocurra primero.

¿Qué deben hacer la Superintendencia del Medio Ambiente y el titular de un relleno sanitario bajo medidas provisionales de clausura, en cuanto a informes?

En este caso, el Tribunal ordenó que la SMA remita, dentro de cinco días de recibidos, los informes mensuales que la empresa debe entregar a la autoridad sanitaria. Así, el Tribunal queda informado del cumplimiento de las condiciones de operación.

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