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El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación interpuesta por una ciudadana en c…

Sentencia · Tribunal Ambiental · 2025

Resumen

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación interpuesta por una ciudadana en contra del Decreto Supremo N°5 de 2024 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la norma de emisión de radiación electromagnética asociada a equipos y redes de transmisión de servicios de telecomunicaciones. La reclamante alegaba vulneración de la participación ciudadana, del derecho de acceso a la información ambiental, de los límites de densidad de potencia fijados según estándares de la OCDE y del principio de no regresión. El tribunal concluyó que el procedimiento de elaboración se ajustó al DS N° y a la Ley N°19.300, que hubo consultas públicas con consideración de observaciones, que no se acreditó una denegación injustificada de información, que los límites se basaron en recomendaciones internacionales y que la nueva norma no disminuyó el nivel de protección ambiental. Cada parte pagará sus costas.

Normas citadas

  • Artículo 17 N°1 de la Ley N°20.600
  • Artículo 25 de la Ley N°20.600
  • Artículo 27 de la Ley N°20.600
  • Artículo 29 y siguientes de la Ley N°20.600
  • Artículo 50 de la Ley N°19.300
  • Artículo 7 de la Ley N°18.168
  • Artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 41 de la Ley N°19.880
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Preguntas frecuentes

¿Es válido el procedimiento de elaboración de una norma de emisión de radiación electromagnética para telecomunicaciones si hubo consulta pública?

En este caso, el Segundo Tribunal Ambiental concluyó que el procedimiento de elaboración del Decreto Supremo N°5 de 2024 se ajustó a la Ley N°19.300 y a su reglamento, pues hubo consultas públicas y se consideraron las observaciones recibidas. Por ello rechazó la reclamación.

¿Puede una norma de emisión ambiental ser anulada por fijar límites basados en estándares internacionales como los de la OCDE?

En este caso, el tribunal sostuvo que los límites de densidad de potencia se fundaron en recomendaciones internacionales y no los declaró ilegales. Además, concluyó que la nueva norma no disminuyó el nivel de protección ambiental, por lo que no vulneró el principio de no regresión.

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