El Tribunal Constitucional conoció de un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto p…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció de un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por un alcalde respecto de los artículos 17 del DFL N° y 61 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que suspenden el derecho a sufragio y la inhabilidad para ejercer el cargo de alcalde por la mera acusación de un delito que merezca pena aflictiva, sin sentencia condenatoria firme. El Tribunal estimó que la suspensión del derecho a sufragio exige que el auto de apertura del juicio oral se encuentre firme o ejecutoriado, y acogió parcialmente el requerimiento al concluir que la sola acusación no basta para suspender derechos políticos. Un ministro disidente sostuvo que el artículo 61 debió ser acogido completamente por la severidad de la medida, que opera por el solo ministerio de la ley sin control judicial y afecta el mandato popular.
Artículo 16, Constitución Política de la República
Artículo 239, Código Penal
Artículos 62 y 78, Ley N° 18.695
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Preguntas frecuentes
¿Se suspende el derecho a sufragio de un alcalde por el solo hecho de haber sido acusado de un delito?
No. En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la suspensión del derecho a sufragio exige que el auto de apertura del juicio oral esté firme o ejecutoriado, y concluyó que la sola acusación no basta para suspender derechos políticos.
¿Puede un alcalde quedar inhabilitado para ejercer el cargo solo por estar acusado de un delito con pena aflictiva?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad, concluyendo que la mera acusación no puede generar la inhabilidad para ejercer el cargo de alcalde, que por lo tanto no se aplica en esa situación.
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicables los artículos 17 del DFL N° y 61 de la Ley N° 18.695 en un caso de acusación contra un alcalde?
En este caso, el Tribunal acogió parcialmente el requerimiento respecto de estas normas, al estimar que aplicarlas sin una sentencia condenatoria firme o un auto de apertura del juicio oral firme vulnera los derechos políticos del alcalde. Un ministro disidente sostuvo que el artículo 61 debió acogerse completamente.
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